Es por todos conocida la preocupación que surge al interior del gobierno, las organizaciones ambientales y la sociedad en general, cuando una empresa o cualquier activo de producción cambia de dueño. Los daños al ambiente y a la soicedad, que no fueron remediados oportunamente, no desaparecen necesariamente con el cambio de dueño, del bien, o su desmantelamiento. Por el contrario, pueden tender a permanecer e incluso pueden constituirse en factores de degradación y condicionantes para nuevos desarrollos industriales o sociales. Por tanto, es necesario establecer quien asume y como se asigna esta responsabilidad con el ambiente y la sociedad.